Instalan el primer medidor de radiaciones de telefonía móvil en Cadiz

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un sistema de medición pionero en la provincia para controlar las radiaciones eléctricas de los teléfonos móviles. El aparato, una estación de medida de banda ancha con sondas isotrópicas, comprobará si las emisiones superan las permitidas por ley y llegado el caso, se aplicarán las medidas recogidas en la ordenanza municipal sobre telefonía móvil.

 

El alcalde, Enrique Moresco, aseguró que el municipio portuense se ha convertido en el primero de la provincia de Cádiz en poner en marcha una estación de medida, destinada a obtener datos de los niveles radioeléctricos derivados del uso de la telefonía móvil. El equipo, que funciona de forma sostenible con energía de paneles solares, ha sido instalado en la azotea del edificio donde tiene su sede la empresa municipal tecnológica El Puerto Global, que ha sido artífice de esta nueva iniciativa.

Moresco destacó que la instalación no ha supuesto coste económico alguno para las arcas municipales, ya que es fruto de un convenio de colaboración firmado entre el ayuntamiento y la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía. El regidor popular explicó que el objetivo es «cumplir escrupulosamente» con la orden ministerial, que establece que las emisiones radioeléctricas que se reciben en un emplazamiento determinado deben encontrarse por debajo de los niveles de referencia establecidos en el Real Decreto 1066/2001.

Conforme a la ley

«De este modo nos valemos de las nuevas tecnologías para cumplir de la mejor forma posible nuestras obligaciones legales, al mismo tiempo que protegemos la salud de los ciudadanos y fomentamos la transparencia». Las medidas serán enviadas a un Centro de Monitorización y Control y los datos obtenidos se publicarán regularmente en el portal web del Ayuntamiento.

Con todo, el alcalde insistió en que un informe de mediciones de exposición radioeléctrica realizado en marzo de 2009 por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa certificó que los niveles que se producen en El Puerto están muy por debajo del máximo permitido legalmente, y no suponen ningún riesgo para los ciudadanos.